Distorsiones en los salarios alarman a dirigentes sociales

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, dijo que en República Dominicana se ha creado un barril sin fondo de leyes que no se cumplen, por lo que abogó por que no solo sea promulgado en la menor brevedad posible el reglamento de implementación de la ley de Ley General de Salarios (105-13), sino que se cree un plan para garantizar su cumplimiento, así como los lineamiento de la Constitución y de la Ley de Función Pública.

La dirigente habló en esos términos durante su participación en “Por una política salarial justa en el sector público”, coordinado por esa entidad, en el que participaron representantes de la Asociación de Jueces y Juezas de  República Dominicana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y del Ministerio de Administración Pública.



“No puede ser que los beneficios extra que reciben los funcionarios públicos, como compensación, viáticos y otros sean mayor que el salario que perciben”, enfatizó Sosa.

El viceministro de Administración Pública, Carlos Manzano, dijo que la ley procura superar las distorsiones salariales en el sector público, en el que no se está cumpliendo la remuneración según la jerarquía, sino que algunos funcionarios reciben salarios que está por encima del salario del titular de la cartera para la cual laboran e incluso del Presidente.

Inclusión
Asimismo, la ley contempla que los funcionarios públicos no pueden devengar ningún tipo de salario fuera del que reciben en la institución pública para la cual laboran, con excepción de las labores docentes.

El presidente del Sinatrae, Julio César García, consideró que la Ley 105-13 parece más dirigida a regular los topes salariales de los altos funcionarios que a garantizar un régimen remunerativo justo y permanente para la totalidad de empleados y empleadas estatales.

Según el dirigente sindical, la normativa que apenas comienza a ponerse en funcionamiento deja a un lado la protección de los derechos que, según convenios suscritos por el país  con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deben permitir a todo trabajador o trabajadora del  Estado negociar con su empleador los ajustes e incentivos que se correspondan con la realidad económica del momento.

El representante de la ADP, Rafael Félix, dijo que el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo la Ley de  Educación en lo concerniente al aspecto del salario del sector docente y destacó que  los salarios de los maestros y maestras ni siquiera se acercan al costo de la canasta básica.

Dijo que éste y otros aspectos regulatorios, como los incentivos y los  ingresos extraordinarios por concepto de  capacitación y rendimiento, son violados periódicamente por las autoridades y no figuran en la  nueva Ley de Salarios”, Manifestó.

“Lo que sí puede controlar la nueva ley es el abuso que cometen los altos funcionarios que se aumentan el sueldo y se asignan privilegios que ofenden la realidad”, señaló el dirigente.

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ESTUDIO DE PC SOBRE DISTORSIÓN SALARIAL
Según el más reciente informe de Participación Ciudadana sobre niveles de disparidad en los salarios de la Administración Pública de República Dominicana, en el Estado se registran casos de funcionarios que, desempeñando la misma labor en oficinas distintas, muestran diferencias salariales hasta de 480%. Disparidad parecida aparece entre los titulares de los ministerios. De 18 salarios de ministros observados, 10 son diferentes.

De igual manera el informe arroja que el Superintendente de Bancos ostenta un ingreso que equivale al salario de 100 profesores y supera en un 2,350% a lo que gana un profesional de la medicina. En el documento se evidencia que con el gasto de un ministro en telefonía móvil se puede pagar la mensualidad a cuatro agentes de la Policía Nacional. Estas y otras distorsiones en la política salarial del Estado, según Participación Ciudadana, son el rango de acción que debe abarcar la nueva normativa promulgada por el Congreso Nacional en julio pasado.